Campoy, quien responde directamente al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ordenó la anulación de todos los contratos en curso, sin importar su modalidad, especificando que esta medida aplica "por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo". Esta decisión traerá consigo el progresivo deterioro de las ya castigadas rutas nacionales, que corren el riesgo de volverse intransitables, como ya ocurre con algunas de ellas. Según la circular, no solo se cancelarán los contratos vinculados a la reparación y construcción de carriles, sino también aquellos relacionados con el mantenimiento de elementos esenciales, como la iluminación en cruces viales, las banquinas y el corte de pasto. Esto coloca a los responsables de Vialidad en una situación comprometida, con la posibilidad de enfrentar demandas penales por accidentes o víctimas fatales en las rutas.

El documento resalta la necesidad de "arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier Sistema de Gestión", además de recomendar un proceso administrativo específico para evitar posibles juicios. "Con el fin de hacer más efectivo y eficiente el sistema de obras públicas, evitando litigios administrativos y judiciales, se deberán impulsar las distintas tramitaciones por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo", se menciona en la circular. Asimismo, se indica que los gerentes deben ajustarse al Proceso N° 24 de Vialidad Nacional, el reglamento y flujograma vigente para la dependencia.