En el fallo, el magistrado consideró que cualquier modificación en la estructura jurídica del Banco Nación debe realizarse en el Congreso, ya que se trata de una entidad autárquica que fue creada a través de una ley. “El Banco de la Nación Argentina es una entidad cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es este poder el único que puede revocar su carácter”, sostuvo.

El conflicto judicial inició en junio de 2024, cuando un grupo de actores, entre ellos el Sindicato Asociación Bancaria, presentó una demanda para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 348 del Directorio del Banco Nación y del Decreto 70/2023. La misma buscaba disponer una posible privatización de la entidad. Anteriormente, el juez Ramos Padilla ya había expresado que el Decreto 70/2023 y la Resolución 348 no autorizaban la modificación de la situación jurídica del banco y que este cambio era únicamente potestad del Congreso de la Nación, que debía impulsarlo mediante una ley formal.

Sin embargo, el Gobierno volvió a arremeter el pasado 19 de febrero cuando publicó el Decreto 116/2025. El mismo disponía, en su artículo 1°, «la transformación del ente autárquico BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (BNA S.A.) en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de acuerdo con las disposiciones de este decreto, bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550 – T.O. 1984, como continuadora del ente autárquico en todos sus derechos y obligaciones y sometida a la Ley N° 21.526». Dicho Decreto es el que permanece sin efecto, al menos, por los próximos seis meses.

El fallo de Ramos Padilla destacó que la Carta Orgánica del Banco Nación, aprobada por la Ley 21.799, establece que el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa. Se rige por las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras, de la presente ley y demás normas legales concordantes. Además, el juez recordó a esta entidad no le serán de aplicación las normas dispuestas con carácter general para la organización y funcionamiento de la administración pública nacional.