El comunicado recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño —con jerarquía constitucional desde 1994 en Argentina— establece que ningún niño o niña debe ser objeto de injerencias ilegales en su vida privada ni de ataques a su honra o reputación. Además, la Ley Nacional N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ordena que los medios de comunicación deben colaborar activamente en la protección de estos derechos, evitando tratamientos que los estigmaticen o revictimicen.

La Justicia pampeana advierte que muchas coberturas periodísticas, al incluir nombres, detalles o imágenes explícitas, terminan generando un efecto nocivo para los menores involucrados. “Reproducir discursos que legitimen la violencia o brindar información que pueda identificarlos no solo afecta su integridad emocional, sino que también contraviene las normas vigentes”, señalaron.

Entre los pedidos centrales del escrito se encuentran:

-No difundir imágenes ni videos de agresiones entre adolescentes.

-Evitar toda forma de identificación directa o indirecta de los menores involucrados.

-Tratar los casos de abuso o violencia con responsabilidad, sin caer en abordajes sensacionalistas.

“Apelamos a la ética periodística y al compromiso con el respeto de los derechos humanos”, remarca el defensor general, e invita a los medios a “asumir un rol activo en la construcción de una cultura de paz, cuidado y responsabilidad con nuestras futuras generaciones”.

El mensaje cierra con una reflexión que busca cambiar el enfoque con el que muchas veces se aborda la adolescencia en los medios: “Las y los adolescentes no son el problema: son parte central de la solución, y merecen crecer en entornos donde sean tratados con dignidad, cuidado y respeto”.