El Consejo Federal de la Construcción se declaró en estado de emergencia en todo el país, de continuar este ajuste afectaría a 1.400 empresas y a 200.000 empleados. En diálogo con Noticias Argentinas, el presidente de la Cámara, Gustavo Weiss, se mostró sorprendido por lo "novedoso" de la situación sobre el freno a la obra pública. "Debemos alertar al Gobierno sobre la inminencia del colapso del sector", señaló. El comunicado instó a las "autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector", ya que, consideraron, se trata de la única alternativa para "impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos". El freno de la obra pública desde diciembre impactó de lleno en la actividad generando una bomba económica al romper la cadena de pagos, en una situación de inflación creciente, reajuste paritario y aumento de costos. Se estima que hay más de 3.500 obras paradas a lo largo y ancho del país. "Atrás del ajuste brutal hay familias, gente que se queda sin trabajo, empresas que se funden, personas de muchísimos años dedicadas a una profesión que no la van a continuar. Es una destrucción de valor terrible. Nosotros pensamos que no somos un gasto, de alguna manera somos una inversión. Nuestro sector se mantiene funcionando con un 1% de presupuesto, aunque sea a un ritmo bajo, y eso evita la destrucción de valor", concluyeron desde CAMARCO.