Días atrás, el máximo tribunal del país había citado a ambas partes para tratar el conflicto por los fondos que corresponden al sistema previsional pampeano. “Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y en la necesidad urgente de recuperar los recursos que nos pertenecen”, sostuvo el gobernador Sergio Ziliotto al conocerse la convocatoria.

La citación llegó poco después de que el mandatario instruyera a la Fiscalía de Estado a presentar una medida cautelar urgente ante la Corte, dentro de la causa iniciada el año pasado, en reclamo por el desfinanciamiento del sistema jubilatorio provincial.

La audiencia de hoy se inscribe en ese mismo contexto: el reclamo de La Pampa por el incumplimiento del Estado nacional en el envío de fondos que deberían garantizar la sustentabilidad del régimen previsional local.

En palabras del propio gobernador, “un paso más, fruto de nuestro compromiso con las y los pampeanos. Hemos sido convocados por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia con el Estado Nacional, en relación a nuestra demanda por el desfinanciamiento de nuestro sistema previsional. Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno Nacional nos niega. Una vez más, vamos a defender La Pampa. Por historia y por mandato popular”.

Desde la asunción del actual Gobierno nacional, el Instituto de Seguridad Social de La Pampa (ISS) no ha recibido los fondos que le corresponden por ley. Esta situación ha obligado al Gobierno provincial —y en menor medida a los municipios— a sostener con recursos propios el sistema, cubriendo el déficit generado por la falta de cumplimiento de la Nación.

Solo en 2025, el Presupuesto provincial destinará 145.000 millones de pesos —sin actualización— para asegurar el pago de las jubilaciones, de los cuales un 11% corresponde a los aportes municipales. Cabe recordar que en 2024 la Provincia ya había presentado una demanda judicial ante la Corte Suprema, exigiendo el cumplimiento de las leyes que obligan al Gobierno nacional a financiar el déficit previsional pampeano.

En paralelo, el Ejecutivo provincial también promovió una medida cautelar ante el máximo tribunal con el propósito de proteger la sostenibilidad del sistema, hoy afectado por la ausencia total de transferencias, la eliminación de artículos del Presupuesto 2023 que garantizaban esas obligaciones, y la falta de auditorías y adelantos mensuales previstos en la normativa vigente.

A esto se suma el impacto de la recesión nacional, que redujo los ingresos provinciales, y el incumplimiento de convenios de obra pública, que también debieron ser afrontados con fondos propios.

La convocatoria de la Corte a esta nueva instancia de diálogo representa un paso institucional importante en la defensa de los derechos de las y los jubilados pampeanos, al tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el federalismo, la legalidad y la recuperación de los recursos que pertenecen a toda la ciudadanía de La Pampa.