El proceso contra el fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Sebastián Mendiara, atraviesa una etapa clave.
En una nueva reunión del jury de enjuiciamiento celebrada en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el funcionario presentó un extenso escrito de defensa donde cuestionó la validez de las pruebas y reclamó la exclusión de los videos que lo muestran enfrentando a policías en Victorica, en marzo de este año.
El tribunal —integrado por los abogados Federico Lamelo y Cristian Zaikoski, las diputadas Silvia Larreta y Andrea Valderrama, y presidido por Eduardo Fernández Mendía— analizó los planteos de la defensa.
Mendiara sostiene que las grabaciones difundidas "no constituyen evidencia original", y pidió que solo puedan ser admitidas si se garantiza su autenticidad mediante pericias forenses y la obtención del soporte digital original. Según argumentó, los videos "circulan en redes y medios sin control técnico ni trazabilidad", lo que —a su entender— vulnera el debido proceso.
Además de solicitar la exclusión del material audiovisual, el fiscal pidió que se rechacen publicaciones periodísticas y testimonios de varios testigos, entre ellos periodistas y colegas fiscales.
En su presentación, planteó que se trata de un "contexto mediático sin valor probatorio" y denunció una "vendetta policial" motivada por sus investigaciones sobre apremios ilegales. También objetó la incorporación de registros telefónicos por considerar que afectan la privacidad de las comunicaciones sin pertinencia directa con los hechos.
El expediente incluye otros dos episodios bajo investigación: una presunta agresión a un menor durante un partido de fútbol en General Acha, y un conflicto laboral con un empleado de la Fiscalía.
En ambos casos, Mendiara negó los cargos y pidió nuevas pruebas, entre ellas una pericia psicológica sobre uno de los denunciantes y la declaración en Cámara Gesell de un testigo menor de edad.
El jury deberá resolver en los próximos días si acepta los planteos de la defensa o si avanza con la etapa de prueba.
De confirmarse las imputaciones, el fiscal podría ser removido por "desorden de conducta" e "inmoralidad comprobada", según lo previsto en la Ley 313. Mientras tanto, la situación institucional en la Fiscalía de General Acha continúa siendo de alta tensión.