El Juzgado de Control de General Pico condenó a tres personas por la falsificación y el uso de un certificado médico falso que permitió acceder de manera irregular a un tratamiento de kinesiología en el Hospital de Alta Italia. Las penas fueron de cumplimiento condicional y se dictaron en el marco de un juicio abreviado. La jueza Jimena Cardoso resolvió condenar a Fabiana Daniela Barale y Daniela Elisabet Quarleri a un año de prisión en suspenso como coautoras de los delitos de falsificación de instrumento privado y uso de instrumento privado falso. En tanto, Patricio Ignacio Toselli fue condenado a ocho meses de prisión condicional por el delito de uso de instrumento privado falso. Además, los tres deberán cumplir reglas de conducta durante dos años. Según el fallo, el hecho ocurrió a fines de mayo y principios de junio de 2025 en la localidad de Alta Italia. Barale y Quarleri confeccionaron un certificado médico apócrifo fechado el 30 de mayo de 2025, atribuido falsamente al médico Marcos Miguel, con firma, sello y recetario que no le pertenecían. En ese documento se indicaba un supuesto "dolor agudo lumbar" y se prescribía tratamiento kinesiológico para Toselli. El certificado falso fue utilizado el 4 de junio de 2025 por Toselli para atenderse con el kinesiólogo Mario Sebastián Schantón en el Hospital de Alta Italia "Dr. Néstor Schantón", donde obtuvo un turno y fue asistido en base a esa prescripción inexistente. La maniobra fue descubierta cuando el propio Dr. Marcos Miguel, en su rol de auditor médico de la obra social OSECAC, detectó el certificado durante una revisión administrativa. Al advertir que llevaba su nombre, firma y sello sin haberlo emitido, realizó la denuncia penal. Posteriormente, se comprobó que incluso existía un sello físico falsificado con su identidad profesional. Durante la investigación se reunieron numerosas pruebas, entre ellas la denuncia del médico damnificado, capturas de conversaciones de WhatsApp, el certificado médico escaneado, el sello falsificado, allanamientos, peritajes a teléfonos celulares y diálogos que demostraron la coordinación entre Barale y Quarleri para confeccionar el documento falso y entregarlo a Toselli. La jueza consideró acreditado que Barale aportó el sello y la firma apócrifa, mientras que Quarleri completó el contenido del certificado, y que Toselli lo utilizó a sabiendas para obtener atención médica. Los tres imputados reconocieron los hechos, aceptaron la calificación legal y prestaron conformidad con el procedimiento de juicio abreviado. En la sentencia, la magistrada destacó que los hechos afectaron la fe pública y la confianza en los documentos médicos, perjudicaron al profesional cuyo nombre fue usurpado y pusieron en riesgo el sistema de salud al habilitar un tratamiento sin una prescripción legítima. Además de las penas de prisión condicional, se les impuso a los condenados la obligación de fijar domicilio, no modificarlo sin autorización judicial y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras por el término de dos años. Foto: Imagen Ilustrativa