El fiscal general de General Acha, Alejandro Sebastián Mendiara, afrontará desde el próximo 8 de abril el jury de enjuiciamiento en su contra, en un proceso que ya tiene fechas definidas y para el cual los testigos comenzaron a recibir las citaciones correspondientes.
En ese marco, también fue rechazada la versión que indicaba que el funcionario judicial podría presentar la renuncia para evitar ser sometido a juicio.
Mendiara, al frente de la Fiscalía General de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en General Acha, llega a esta instancia a partir de tres denuncias que fueron presentadas y ratificadas por distintos sectores institucionales y políticos. Entre ellos se encuentran el propio Superior Tribunal de Justicia, integrantes del bloque Frente Justicialista Pampeano y legisladores de los bloques Unión Cívica Radical, PRO-MID y Comunidad Organizada. Su defensa está a cargo del abogado Rodrigo Villa y de la abogada Seila Domínguez Ardohain.

Causas escandalosas: 
La imputación se sustenta en la causal de desorden de conducta, prevista en el artículo 21, inciso 2°, de la ley 313 del Jurado de Enjuiciamiento. La acusación impulsada por la Procuración apunta a tres episodios concretos, uno ocurrido en Victorica y dos en General Acha.
El primero de esos hechos tuvo lugar una madrugada, a la salida de un boliche en Victorica. Siempre de acuerdo con la acusación, Mendiara habría mantenido un intercambio con dos policías en un aparente estado de ebriedad, exhibiendo una actitud errática, desafiante e intimidatoria, con referencias a su cargo.
El segundo episodio se habría producido en una canchita de fútbol de General Acha, al concluir un partido en el que participaban un hijo del fiscal y otro menor. Según la imputación, el funcionario se habría interpuesto en una discusión, habría tomado del cuello a un adolescente de 15 años y le habría dado una cachetada, además de increparlo verbalmente.
El tercer hecho también se sitúa en General Acha y está relacionado con el trato dispensado a un secretario judicial. En ese caso, se le atribuyen expresiones despectivas, vulgares, insultos y manifestaciones descalificatorias que incluso habrían alcanzado a la familia del trabajador. A raíz de esa situación, al funcionario se le concedió licencia por enfermedad, con carpeta psicológica.
Con las pruebas ya incorporadas y el cronograma confirmado, en las últimas horas comenzó a circular la versión de una posible renuncia de Mendiara para evitar el proceso. Sin embargo, el propio fiscal salió a desmentirlo. "Es totalmente mentira eso", afirmó en declaraciones a un medio santarroseño, sin brindar mayores precisiones.