El gobernador Sergio Ziliotto promulgó la ley que declara la Emergencia Pública en Salud Mental y Consumos Problemáticos en todo el territorio provincial por el plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por un período similar.
La norma, aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados el pasado 21 de mayo, quedó oficialmente en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial mediante el decreto 901/26.
La iniciativa busca fortalecer las políticas públicas vinculadas a la salud mental y el abordaje de las adicciones, frente al aumento de las consultas y situaciones de crisis registradas en los últimos años.
La ley establece que el Ministerio de Salud deberá elaborar e implementar un Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental y Abordaje de los Consumos Problemáticos. Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo de las guardias de salud mental durante las 24 horas, una mayor accesibilidad a los servicios y el acompañamiento a familiares y grupos de apoyo.
También se dispuso fortalecer las líneas telefónicas 132 y 136, destinadas a la escucha y asistencia de personas en crisis o con consumos problemáticos. Además, se creará una nueva rama dentro de la Carrera Sanitaria Provincial para operadores de atención telefónica y remota.
Uno de los ejes centrales de la norma es la inversión en infraestructura. Se prevé la ampliación y refacción de los servicios de salud mental de los hospitales Lucio Molas-René Favaloro, de Santa Rosa; Gobernador Centeno, de General Pico; y Padre Buodo, de General Acha.
Asimismo, se impulsará la construcción y fortalecimiento de Centros de Día Comunitarios en 25 de Mayo, Guatraché, General Pico, Victorica y General Acha, junto con talleres de inclusión sociolaboral y programas de acompañamiento para personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos.
Para garantizar la implementación del plan, se crearán 30 cargos profesionales en la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, que pasarán a integrar la planta permanente del sistema público una vez finalizada la emergencia.
La legislación también crea una Mesa de Trabajo para monitorear las políticas implementadas e incluye la obligación del Ministerio de Salud de informar anualmente a la Cámara de Diputados sobre el avance de las acciones y la ejecución de los recursos destinados a atender esta problemática.