El fiscal general Armando Agüero solicitó que se condene al jefe comunal de Loventuel, Hugo Martínez, al pago de una multa de 5 mil de pesos y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de dos años. 

El caso denunciado en jurisdicción de Victorica, se debatió este lunes presidido por el juez Marcelo Pagano, el fiscal general Armando Agüero y el abogado Walter Díaz como defensor del acusado.

La historia
El presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel quedó expuesto por la toma de un préstamo de 2,6 millones de pesos para la construcción de un SUM, para cuya cancelación utilizó un cheque la Comisión de Fomento que, a la hora de ser presentado al Banco, fue rechazado. Un abogado conocido por el jefe comunal, Sebastián Daniel Borrás Cedrún, le dio el dinero, que provenía de cuatro futbolistas: Nicolás Gianni, Carlos Marinelli, Diego Ceballos y Cristian Menéndez.

En diálogo con El Diario, el fiscal general explicó sobre la operatoria que "esa plata se garantizó con un cheque, en el marco de un acuerdo donde se obligaba a la Comisión de Fomento a pagar. En teoría, esa plata se la dieron a Martínez y el intendente la usó para construir el SUM, pero cuando presentaron el cheque fue rechazado por defectos formales. Lo que sucedió ahí fue que, a la fecha de cobro del cheque, había renunciado la Tesorera de la Municipalidad".

Agüero recordó que "el convenio se firmó en junio de 2017 y se entregó el cheque por 2,6 millones de pesos, con fecha de pago en junio de 2018. Los intereses Martínez los fue pagando mes a mes en efectivo, pero durante ese año de plazo renunció la tesorera, y cuando llegó la fecha de cobro del cheque y lo presentaron por ventanilla, el Banco rechazó el cheque porque la firma de la Tesorera no era la autorizada".

Delito
El fiscal general señaló que "en ese momento se presentó una denuncia por estafa, pero en realidad no hay estafa porque todos estaban de acuerdo ese negocio y todos sabían cómo se iba a hacer. El ilícito está en hacer un convenio donde se obliga a la Municipalidad a pagar una deuda entre particulares, porque el convenio se hizo entre 'La Yolanda' (una sociedad que integra Martínez) y el abogado Cedrún. Lo que estaban haciendo era obligar a la Municipalidad a pagar un negocio entre particulares".

Y destacó que "el problema que además se presentó acá es que, cuando una Comisión de Fomento toma un empréstito o toma un crédito, se necesita autorización del Poder Ejecutivo Provincial y Martínez nunca pidió autorización a Provincia. Y obviamente ese contrato se hizo a escondidas, se conoció ese contrato cuando se rechazó el cheque".

Juicio
Durante el juicio oral y público celebrado este lunes, el imputado se negó a declarar y así las partes avanzaron con un breve debate en el que declaró en primer término el abogado denunciante y luego el perito contador.

El profesional a cargo de la pericia explicó en líneas generales que no se pueden hacer cheques pos datados, que el contrato debió haberse registrado y se debió haber dado aviso al Ejecutivo Provincial.

Tras las declaraciones, las partes presentaron la documentación del caso ante el juez y se avanzó en los alegatos de partes.
La Fiscalía solicitó que se condene al intendente Martínez por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La pena requerida por Agüero fue de 5 mil pesos de multa y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de dos meses.

Cabe recordar que el artículo 249 del Código Penal, prevé para este delito una multa que va desde los 750 a 12 mil pesos y la inhabilitación desde un mes a un año.

 ¿Quién paga?
Para establecer quién debe responder por el cheque rechazado, existe un juicio ejecutivo para que la Comisión de Fomento de Loventuel pague los 2,6 millones de pesos más los intereses. Ese expediente se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia, donde se debe determinar la competencia para instruir el sumario.
Si Martínez resultara condenado en este otro juicio, probablemente no sea la Comisión de Fomento quien deba asumir el pago sino el propio jefe comunal por tratarse de un acuerdo de privados.