Los centros de diálisis atraviesan una situación cada vez más compleja por el atraso y la reducción de los valores que paga el PAMI. En Santa Rosa, Paula Lencina, responsable del Centro de Diálisis Médica, aseguró a El Diario que el escenario se volvió "grave" y alertó que los establecimientos del interior enfrentan además costos de traslado y otras prestaciones que la obra social no reconoce adecuadamente.

El centro tiene actualmente 70 pacientes, de los cuales 30 son afiliados al PAMI, alrededor del 42% del total. La incidencia es todavía mayor en términos económicos porque la institución se dedica exclusivamente a tratamientos de diálisis y no cuenta con otras unidades de negocios que permitan compensar el deterioro de los ingresos.

Lencina explicó que los problemas con los aranceles no comenzaron ahora. "Desde más o menos 2021 viene todo cayendo con PAMI. Todo viene empeorando desde entonces y ahora explotó la cosa", señaló. Según precisó, desde enero de 2024 la unidad dialítica tuvo un incremento de apenas el 27%, muy por debajo del crecimiento de los costos durante ese período. Además, aseguró que desde diciembre de 2025 no hubo nuevas actualizaciones.

El punto que terminó de encender las alarmas fue la Resolución 1353/2026 del PAMI, que eliminó los denominados indicadores de calidad. Se trataba de incentivos que los centros recibían a cambio de cumplir determinados parámetros vinculados, entre otros aspectos, con los resultados de laboratorio y el mantenimiento de los accesos vasculares.

"Lo que te pagaban hacía la diferencia", explicó Lencina. Al mismo tiempo, el organismo anunció incrementos de hasta el 40% para algunas prestaciones. Sin embargo, esos aumentos alcanzaron prácticas como la atención de pacientes agudos, internados o en tránsito, que tienen una incidencia mínima en la actividad habitual de los centros.

"Nosotros nos reíamos para no llorar: era el no aumento de PAMI", graficó. Las principales prestaciones —hemodiálisis, hemodiafiltración y diálisis peritoneal— sufrieron, según los prestadores, una reducción neta cercana al 7,5%. Datos sectoriales difundidos por CADRA indican que una sesión de hemodiálisis urbana con calidad que se pagaba $182.000 pasó a $170.000 desde mayo.

"Es grave, realmente grave, porque se redujo el ingreso y ellos te siguen exigiendo un montón de cosas que no te pagan", sostuvo Lencina.

Los traslados

La situación se agrava para los centros del interior por los costos asociados al traslado de los pacientes. Una persona en hemodiálisis realiza habitualmente tres sesiones semanales, entre 13 y 14 por mes.

Lencina explicó que el PAMI reconoce alrededor de $190.000 por el traslado de un paciente, mientras que el costo que debe afrontar el centro puede llegar a $350.000 por cada viaje. "Yo tengo que pagar $350.000 por 14 y PAMI solo me paga $190.000. Es insostenible, realmente no tiene sentido", afirmó.

El problema no es exclusivo del establecimiento santarroseño. CADRA viene advirtiendo que la situación afecta a más de 200 centros y unos 4.700 afiliados en todo el país, y reclama una recomposición de los aranceles cercana al 50%. Según datos del sector, desde enero de 2024 la unidad dialítica aumentó 27%, frente a una inflación acumulada del 160% durante ese período.

A los traslados se suman los costos de los accesos vasculares y otros procedimientos indispensables para sostener el tratamiento. "En las grandes ciudades por ahí la brecha no está tan marcada. Nosotros, por ser centros medianos o chicos y del interior, tenemos otro tipo de problemas", remarcó.

"No se puede interrumpir"

Ante la consulta de El Diario sobre la posibilidad de que la situación derive en restricciones en la atención, Lencina evitó anticipar ese escenario. Aseguró que los prestadores continuarán reclamando a través de CADRA y remarcó una característica central del conflicto: la diálisis no admite interrupciones.

"Yo no quiero pensar en un corte. Este tratamiento no se puede interrumpir y eso no es menor", sostuvo. Por ahora, el centro comenzó a adoptar "medidas sutiles" para reducir gastos y tratar de sostener la atención sin afectar a los pacientes.

"No podemos no trabajar con PAMI", señaló Lencina, debido al peso que tienen sus afiliados dentro del establecimiento. "Somos un centro privado y a nosotros nadie nos ayuda, es todo 100% nuestro esfuerzo. Creo que hay que aguantar lo más que podamos, intentando no perjudicar a los pacientes y a la empresa", agregó.

Los reclamos se canalizan a nivel nacional. Lencina aclaró que la delegación local del PAMI no tiene capacidad para modificar los valores ni resolver el conflicto. Destacó incluso la colaboración recibida de trabajadores de la UGL local ante distintas consultas, pero explicó que las decisiones se toman en la conducción central del organismo.

"Acá no tienen poder de decisión. Nos han ayudado un montón con información y para aclararnos el panorama, pero esto es todo a nivel central, desde Buenos Aires", explicó.

Mientras las negociaciones continúan, los centros intentan sostener un servicio esencial que no puede ser suspendido. "Vamos a seguir luchando y reclamando, como todos los centros del país", afirmó Lencina, antes de sintetizar el escenario que atraviesa el sector: "PAMI hoy no está mal, está muy mal".