La carta titulada “Las provincias unidas del sur”, publicada por Torres, denuncia una retención ilegal de $ 13.500 millones por parte del gobierno nacional, lo que representa más de un tercio de la coparticipación mensual destinada a Chubut. Esta acción fue calificada por los gobernadores como un ataque deliberado al sistema federal argentino, poniendo en riesgo la existencia misma de la República. La respuesta del gobierno nacional, lejos de apaciguar los ánimos, fue desafiante. A través de un comunicado, se aclaró que los fondos retenidos corresponden a una deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, insistiendo en que la reducción del gasto público es una necesidad que también deben asumir las provincias. Esta posición ha sido interpretada por Torres y sus aliados como una extorsión y un desconocimiento de los derechos provinciales, exacerbando aún más el conflicto. Torres explica que ellos ofrecen saldar esa deuda con regalías que debe autorizar el Banco Central, pero por una orden de Milei no aceptan esta propuesta entendiendo así que es una represalia por haber recurrido a la justicia y que esta fallara a su favor impidiendo el retiro del subsidio al transporte. La situación se agrava con la amenaza de no entregar petróleo y gas, recursos vitales para la economía nacional, a partir del miércoles 28 de febrero, si no se llega a un acuerdo satisfactorio. Esta medida, respaldada por otros gobernadores patagónicos y figuras políticas de diversos espacios, pone de manifiesto la profundidad del descontento provincial con las políticas de coparticipación del gobierno de Milei. El gobierno nacional lejos de busca una solución al conflicto, mantiene firme su postura y a través de las redes el propio Presidente Milei agrega mas tensión a esta disputa.