El proyecto también convoca a la Administración Provincial de Energía (APE), a la Federación Pampeana de Cooperativas (FEPAMCO), a Defensa del Consumidor y a la Subsecretaría de Cooperativas, para que brinden información ante la Legislatura pampeana, en el marco de las competencias de cada organismo, sobre diversas cuestiones relacionadas con el sistema de distribución eléctrica.

El objetivo es que den explicaciones urgentes sobre el estado actual de la deuda acumulada por 18 cooperativas eléctricas, que asciende a más de 9.000 millones de pesos al 31 de diciembre del 2024 (sin incluir los intereses que pudieran corresponder), así como sobre la ausencia de un control estatal amplio e integral sobre dichas entidades. Actualmente, el único control consiste en la presentación mensual de declaraciones juradas sobre facturación y costos, lo que resulta claramente insuficiente.

El listado de las cooperativas eléctricas con deuda es el siguiente: 25 de Mayo, Bernasconi, Caleufú, Doblas, General Pico, General Acha, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, La Adela, Macachín, Miguel Riglos, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Rolón, Victorica, Villa Mirasol y Winifreda.

“La Provincia paga en tiempo y forma a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), mientras las cooperativas acumulan deudas millonarias con APE, que terminan cubriéndose con fondos públicos, afectando partidas presupuestarias. Es necesario transparentar esta situación y proteger los derechos de los usuarios”, expresó Cuadrado.

Además pidió que se informe sobre las inversiones realizadas, subsidios provinciales otorgados, créditos recibidos (como los de la línea ACES), el convenio de regularización de deudas firmado en 2022, y detalles sobre ítems incluidos en la facturación como alumbrado público, tasa de capitalización y fondo compensador. También se pide información actualizada sobre la situación patrimonial, financiera y contable de la APE.

“El Gobierno provincial mira hacia otro lado mientras muchas cooperativas acumulan deudas millonarias sin controles efectivos. La falta de transparencia, información pública y responsabilidad de gestión afecta no sólo a los recursos públicos, sino también a la calidad del servicio que reciben miles de pampeanos”, agregó la legisladora.

La diputada, luego de meses de insistencia, logró acceder a información oficial sobre el retraso financiero invocando el derecho de acceso a la información pública. El informe recibido por parte de la APE fue el que motivó la presentación del presente proyecto. Cuadrado subrayó que el modelo cooperativo debe garantizar no solo participación, sino también responsabilidad económica y financiera, control y calidad del servicio: “El acceso a la energía no puede estar en discusión. Es un derecho básico que debe garantizarse con eficiencia, legalidad y equidad”, afirmó.