En la sentencia que se conoció este jueves, el tribunal valoró la confesión de los acusados y atenuó así la pena pedida por la fiscalía, que era de 15 años de cárcel para la pareja.

La historia detrás del asesinato es tan oscura como dolorosa. Rearte había conocido a Videla en la fila del banco, cuando fue a cobrar su jubilación.

Ella se hizo amiga del jubilado, lo visitaba seguido y hasta llevaba a su hija. Pero, según la fiscalía, todo fue parte de un engaño: la joven habría usado la confianza de la víctima para robarle dinero y pertenencias, muchas veces para comprar drogas.

El 1 de septiembre, Rearte notó que le faltaban 70 mil pesos, tarjetas y un juego de llaves. Entonces la denunció. Para la fiscalía, ese fue el detonante del crimen: Videla, junto a De la Torre, planeó el asalto fatal.

El 16 de septiembre, con las llaves robadas, la pareja entró a la casa del jubilado, lo atacó brutalmente y huyó con dinero, cuchillos y un televisor.

Horas después, cuando encontraron a Rearte, la escena era brutal. El cuerpo de la víctima estaba boca abajo, amordazado y atado de pies y manos.

En la morgue, los médicos confirmaron que lo habían torturado antes de matarlo.

Juicio abreviado y polémica por la condena

La investigación avanzó rápido. El fiscal Horacio Vázquez y su equipo lograron identificar a los sospechosos: Yanina Daniela Belén Videla, una joven de 32 años con problemas de adicción que decía ser novia de la víctima, y Mauricio Samuel de la Torre, su cómplice.

Los dos sospechosos fueron detenidos rápidamente y enviados a juicio por homicidio en ocasión de robo.

El caso llegó a la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba. La fiscalía, a cargo de Marcelo Hidalgo, pidió 15 años de prisión.

Sin embargo, tras un juicio abreviado en el que los acusados confesaron y se mostraron arrepentidos, el tribunal les impuso solo 11 años de cárcel, apenas por encima del mínimo legal para el delito de homicidio en ocasión de robo, que prevee una pena de entre 10 y 27 años.

Según el fallo, firmado por el juez Leandro Quijada y sus colegas María de los Ángeles Palacio y Gustavo Ispani, el monto de la pena busca la resocialización de los condenados y destacó que Videla no tenía antecedentes penales, contaba con apoyo familiar y estaba en tratamiento por adicciones.

En el caso de De la Torre, se valoró su confesión y una vida marcada por la pobreza y el consumo de drogas desde chico.

A pesar de la brutalidad del crimen, el tribunal sostuvo que, al existir un acuerdo de juicio abreviado, no podía imponer una pena más alta que la solicitada por la fiscalía.