Uno de los puntos más relevantes es la creación de un nuevo formato obligatorio para los recibos de haberes. A partir de la reglamentación, los empleadores deberán detallar no solo el salario percibido por el trabajador, sino también el costo laboral total que asume la empresa, incluyendo aportes, contribuciones y otros conceptos vinculados a la relación laboral. El objetivo oficial es brindar una mayor transparencia sobre la composición de los costos laborales.

La normativa también introduce modificaciones vinculadas al funcionamiento de los sindicatos y a los convenios colectivos de trabajo. Según lo establecido en el decreto reglamentario, se fijan nuevas pautas para la actividad gremial y para la negociación entre trabajadores y empleadores, en el marco de una reforma que el Gobierno presenta como una modernización integral del sistema laboral argentino.

Otro de los ejes de la reglamentación es la regularización del empleo informal. Para ello se puso en marcha un régimen de incentivos que busca facilitar la registración de trabajadores no declarados mediante beneficios para las empresas que adhieran al programa. La medida contempla reducciones en determinadas cargas patronales y mecanismos especiales administrados por los organismos de control fiscal y laboral.

La reforma laboral, aprobada este año por el Congreso y promulgada en marzo, forma parte de un paquete más amplio de cambios impulsados por la administración de Javier Milei. Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas reglas permitirán reducir la informalidad y generar empleo, distintos sectores sindicales y organizaciones laborales mantienen cuestionamientos sobre el alcance de algunas modificaciones, varias de las cuales incluso ya fueron objeto de planteos judiciales.