En Argentina la intervención de las FFAA se encuentra estrictamente regulada por la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Allí se establece cómo debería hacerse el procedimiento, por ejemplo, en caso de estado de sitio el accionar debe estar determinado a través de un comité de crisis. En el caso de la “modificación de hecho” que hizo a través de un decreto “se agrega una situación”, explicó Tufró. Se trata de los casos en los que las Fuerzas de Seguridad tienen bajo custodia un ‘objetivo de valor estratégico’, ahora si el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, lo requiere, “puede solicitar ayuda de las Fuerzas Armadas”.

“Fueron armando un rompecabezas que bajo la excusa del terrorismo y del crimen organizado que da lugar a la intervención militar en conflictos sociales”, advirtió el especialista. Es que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hubo intentos para modificar el rol de las Fuerzas Armadas en el país. Uno de ellos fue con un proyecto de ley para la reforma de la Ley de Seguridad interior que habilitaba a las FFAA a hacer patrullaje, operativos de control y hasta detenciones en caso de “terrorismo”, que no avanzó en el Congreso.

"OBJETIVO DE VALOR ESTRATEGICO". 

Es decir que, ante un pedido de Patricia Bullrich, su par de Defensa, Luis Petri, deberá “proporcionar protección” a esa demanda, siempre y cuando estén afectados lo que se considere como un “objetivo de valor estratégico”.

Lo que hizo el Poder Ejecutivo en el decreto, la vuelta de tuerca que le encontró para abrir las puertas a una intervención militar, es arrogarles a esos dos ministros (y a todos los funcionarios del Ejecutivo) la potestad de definir o redefinir qué es un “objetivo de valor estratégico”.

El concepto está incluido en la Ley de Defensa Nacional (23.554) pero no define clara ni explícitamente qué es un “objetivo de valor estratégico”.

Frente a esa zona gris, el decreto firmado por Javier Milei, Bullrich y Petri establece que debe llamarse de esa manera a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación”.