Si bien el expediente judicial se inició formalmente en 2020, los hechos bajo la lupa se remontan a más de diez años atrás. El episodio que encendió las alarmas fue cuando en 2020 Ricardo Alberto Cis, el líder y pastor de la iglesia, quiso comprar una radio para difundir su fe.

Como su situación patrimonial no se condecía con el presupuesto que le demandaba esa compra, comenzaron a investigarse una serie de transferencias de la organización.

El pastor alegó que los fondos provenían de “el diezmo que dejaban los fieles en la iglesia”, aunque no entregó documentación respaldatoria. A partir de esa declaración, comenzaron a indagarse las contribuciones económicas que ingresaban a la iglesia.

La Unidad de Información Financiera (UIF) realizó un análisis de los aportes y detectó que en 2010, 45 personas habían depositado $4 millones a nombre de la entidad.

El flujo de dinero continuó en ascenso. Entre 2012 y 2013, 26 personas aportaron $160 millones de pesos. Entre esos donantes, se identificó a un beneficiario de la Asignación Universal por Hijo.

El total recaudado por la Iglesia Universal del Reino de Dios entre 2010 y 2014 alcanzó los $260 millones, y ese monto fue aumentando con el tiempo.

Actualmente, la agrupación religiosa posee siete propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y 14 en la provincia, además de otras en distintas regiones del país. Pero eso no es todo: la institución tiene 186 vehículos y un avión Cessna 750. En conjunto, el valor estimado de los bienes asciende a US$5 millones. La Iglesia Universal del Reino de Dios no contestó las consultas que le realizaron.

La causa comenzó en un juzgado a cargo de Sandra Arroyo Salgado, pero luego fue derivada al fuero penal económico por cuestiones de jurisdicción.

En total, 13 personas serán indagadas por el juez Diego Amarante, a pedido del fiscal Emilio Guerberoff. La misma se realizará el 30 de agosto. Desde la Iglesia.

Entre quienes deberán presentarse a declarar se encuentran la presidenta de la Iglesia Universal del Reino de Dios, María Idineo Oracz de Assis, y el tesorero, Ramón Raitelli.

También fueron citados los representantes legales Douglas Alexander Alves Coutinho y Carlos Alberto Souza Magalhaes, vinculados políticamente al bolsonarismo en Brasil.