El planteo, presentado como un esquema de “Responsabilidad Extendida del Productor” para mitigar el impacto ambiental de la actividad, encontró un rechazo inmediato entre las entidades rurales y referentes de la oposición. Desde CARBAP, su presidente Ignacio Kovarsky cuestionó duramente la propuesta al afirmar que “cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”, remarcando que el sector ya enfrenta suficientes presiones fiscales y que la medida no aportaría soluciones reales en materia climática.

También se sumó al repudio el diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica), quien calificó el proyecto como un “impuesto a los pedos de las vacas” y advirtió que su implementación es inviable, ya que no existe tecnología accesible y verificable para medir las emisiones de metano de cada establecimiento de manera precisa. Mientras tanto, Klug defendió su iniciativa alegando que la ganadería representa el 19% del metano emitido en la provincia, aunque fuentes legislativas descartan que el texto prospere. Según señalaron, no cuenta con respaldo de otros bloques y su futuro parlamentario es “casi nulo” debido a la falta de consenso político y las objeciones técnicas que acumuló desde su presentación.