Bullrich es Patricia. Y Vera es un profesor de música jubilado y empleado de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), de 64 años, que vive en Resistencia, capital del Chaco. El pasado 2 de enero, cumplió seis meses en detención, acusado de haber proferido ataques a través de redes sociales contra el presidente Javier Milei y otras figuras públicas, que incluyeron supuestas expresiones antisemitas en el marco de su apoyo a la causa palestina. Quedó procesado por los delitos de amenazas anónimas e incitación al odio y su causa se encamina a un inexorable juicio oral.

Adrián, bajista de Cabra da Peste, es uno de sus hijos. Julián es otro. En diálogo con Página/12, Vera cuenta que, tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, Julián, de 20 años, se mudó a su casa. Lo ayuda con las compras de alimentos, de los remedios y con cuestiones operativas del día a día que implican salir a la calle.

—¿Cómo estás en este momento? —pregunta este diario, en una charla telefónica.

—Estoy bien. Pero sí, obviamente, me estoy deteriorando. No me muevo. Antes yo caminaba cuatro kilómetros diarios, como mínimo, porque me iba caminando a mi trabajo (en OSPLAD). Después salía a caminar a la tarde y tenía actividad. Ahora solamente leo, escribo, hago música, veo películas: la paso. Peor sería estar en la cárcel. Obviamente todo esto era lo que yo ya sabía desde un principio.

—¿Qué sabías?

—Que venían a fundirme.

—¿Estás arrepentido de haber hecho esas publicaciones?

—Estoy convencido de lo que hice. Yo no cometí ningún delito porque no amenacé a nadie. Tal vez no fue de la mejor manera, pero no es nada al lado de lo que vemos enfrente, en las publicaciones de los mismos diputados, de los trolleros, de todo el aparato mediático que ellos tienen. Esto es lo que han implementado: un sistema de odio y persecución. Es todo parte del aparato represivo que han montado para que la gente no salga a hablar ni a quejarse. No solamente del genocidio en Gaza, sino tampoco del gobierno.

Operativo y detención

La causa contra Daniel Vera se inició en febrero a partir de publicaciones que se le atribuyen en un grupo de Facebook vinculado a la causa palestina. Los mensajes fueron detectados mediante tareas de ciberpatrullaje de la Policía porteña y luego asociados a un perfil personal bajo el usuario “Elpidio Sánchez”.

Según la investigación, habría difundido imágenes intervenidas de figuras públicas —entre ellas Javier Milei, José Luis Espert, Benjamín Netanyahu y los periodistas como Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Luis Majul— con un punto rojo en la frente, interpretado por la Justicia porteña como la mira láser de un francotirador. Además, se encontró un mensaje que decía “como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos”, en el marco de la denuncia contra la ofensiva israelí en Gaza y los crímenes de guerra perpetrados por el ejército de Israel.

El 2 de julio al mediodía, Vera fue allanado en su domicilio de Resistencia por un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de una orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo. Viajaron casi mil kilómetros solo para buscarlo. El procedimiento se extendió durante horas y derivó en el secuestro de armas de aire comprimido, cuchillos y dispositivos electrónicos. Las imágenes del operativo circularon rápidamente y buena parte de los medios locales lo presentaron como el “temible jubilado”.

Tras el allanamiento, fue detenido y trasladado a la Comisaría Tercera de Resistencia, donde pasó dos noches en condiciones precarias, sin acceso a su medicación para la hipertensión y sin información clara sobre su situación procesal. La intervención del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, que presentó un hábeas corpus, permitió mejoras en su detención y su traslado a la comisaría de la Policía Federal, también en la capital chaqueña. Su defensa quedó a cargo de Ignacio Funes Peralta.

Luego de casi diez días detenido, el 11 de julio regresó a su casa bajo prisión domiciliaria. Los pedidos de excarcelación fueron rechazados en todas las instancias, pese a que la defensa sostiene que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

A esto se le suma el evidente propósito de llevarlo sí o sí a un juicio oral. Es que, en conversaciones informales, la fiscalía, a cargo de Nicolás Czizik, le anticipó a su abogado que no tiene intención alguna de promover una suspensión del juicio a prueba y que, para darse juicio abreviado, Vera debería aceptar condiciones altamente desfavorables. Actualmente, la causa tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso. Aún no se fijó fecha de inicio del debate oral.

Vera atribuye el ensañamiento judicial a un cambio de paradigma adoptado por el Estado argentino que, según sostiene, equipara la crítica a Israel con una conducta discriminatoria. “Hoy criticás el genocidio en Gaza y sos antisemita. No importa que lo diga la ONU o la Corte Penal Internacional”, asegura.

En ese marco, menciona otros casos que considera paradigmáticos: el de la diputada porteña del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Vanina Biasi, recientemente enviada a juicio oral por “instigación a la violencia y actos discriminatorios” por supuestos “mensajes antisemitas” vertidos en “X” y también el de Cristian Díaz, un trabajador metalúrgico detenido en 2023 por publicaciones en Facebook relacionadas con la causa palestina, quien pasó nueve meses en prisión preventiva y falleció meses después de recuperar la libertad.

A pesar de todo, Vera no está solo: docentes, gremios y organizaciones sociales del Chaco impulsaron una campaña de recolección de firmas para exigir su inmediata liberación y el archivo de la causa. También lo acompañan organismos de derechos humanos como la APDH e HIJOS. Sin embargo, parece resignado: “Sé a qué atenerme. Sé cómo viene la mano. Es la que me tocó. No puedo esquivarlo. Y si tengo que pasarlo, lo pasaré. Y si me dan 5 o 6 años, y bueno, tendré que cumplirlo, seguramente en una cárcel”.