La Pampa: Intendente desmonta centro de Monitoreo y pone toda la responsabilidad al Ministerio de Seguridad y policía
El intendente local anunció que el municipio dejará de monitorear las 16 cámaras de vigilancia y las transferirá al Ministerio de Seguridad. Nuevo capítulo de su distanciamiento con el Gobierno provincial.
Lo que comenzó como un hecho delictivo común terminó de dinamitar la relación política entre la Intendencia de Lonquimay y el Ministerio de Seguridad de La Pampa. El intendente Manuel "Manu" Feito anunció este sábado, de manera intempestiva, que el municipio dejará de mantener y monitorear las 16 cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública desde 2022.
La decisión se precipitó tras el robo de una motocicleta Honda Twister que, si bien fue recuperada poco después en Miguel Riglos, generó un fuerte cortocircuito operativo con la Policía local. Feito, quien viene marcando una distancia cada vez más pronunciada de la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, utilizó sus redes sociales para dejar en claro su postura: "La seguridad pública es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la provincia", sentenció.
Hasta ahora, la comuna de Lonquimay gestionaba su propio centro de monitoreo como una herramienta complementaria. Sin embargo, el jefe comunal ordenó que el sistema sea desmontado y que, de ahora en más, el personal municipal se limite únicamente a vigilar las dependencias del edificio municipal.
Aunque ayer compartieron un acto de entrega de viviendas en un clima de aparente cordialidad institucional, este movimiento de Feito expone la fragilidad de los lazos entre el Ejecutivo provincial y uno de los intendentes peronistas que ha decidido "sacar los pies del plato" en la interna partidaria.
El malestar de Feito radica, supuestamente, en la "falta de respuestas coordinadas ante la inseguridad". El hecho de que una moto robada en su localidad tuviera que ser hallada en un pueblo vecino habría sido el detonante de una situación de tensión acumulada con la fuerza policial.
En los próximos días se iniciarán las gestiones administrativas para que la infraestructura tecnológica pase a manos de la Provincia, que ahora deberá decidir si asume el costo y la logística del monitoreo en una localidad que, hasta hoy, se hacía cargo de su propia prevención visual.