Los rectores aún no salen del asombro al repasar los números del presupuesto universitario del año que viene enviados por el gobierno de Javier Milei al Congreso. Y más aún si los comparan con los solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las casas de altos estudios nacionales.

Es que las universidades recibirían la mitad de lo que pidieron, de acuerdo a la planilla presentada por el Gobierno. Habían pedido 7,2 billones de pesos y les fueron asignados 3,8 billones.

¿Cuánto es eso? Los rectores hacen una cuenta simple: toman el presupuesto de este mes de septiembre y lo multiplican por 13 y da el presupuesto 2025. Eso implica que prácticamente tendrán partidas congeladas para el año que viene respecto a los montos actuales, porque consideran en el cálculo los 12 meses del calendario más el aguinaldo.

Esto supone no sólo un congelamiento sobre los recursos, sino que a medida que avance el año los fondos irán perdiendo poder adquisitivo frente a una inflación estimada del 18,3% para 2025, según el mismo presupuesto. Habrá que agregarle además la suba que el IPC tenga en lo que resta del año y considerar que el cálculo de precios es el correcto.

Además, la situación actual arrastra una demanda del sistema enfocada especialmente en el aspecto salarial de los docentes y no docentes. Por lo cual, al extender los mismos fondos (sería con una leve suba en torno al 3 o 4 por ciento según el cálculo de los rectores) implica consolidar ese retraso, lo que despeja cualquier expectativa de recuperación en los ingresos de los trabajadores universitarios.

La Federación Universitaria Argentina (FUA) convocará a un paro total el próximo 26 de septiembre y a una movilización al Congreso de la Nación el 2 de octubre, contra el veto presidencial que prometió Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el jueves por el Senado con 57 votos a favor, una abstención y solo 10 votos en contra. La fecha de ambas acciones aún no fue oficializada pero es un hecho que sería en esas fechas.

El jueves pasado, casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia, investigación y extensión en las universidades para lo que resta de este año. Es una salida a la coyuntura mientras se espera el debate "de fondo" dentro del presupuesto 2025 que comenzará en pocos días más.

El impacto fiscal de la medida aprobada recientemente en el Congreso para reforzarles partidas a las universidades, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es del 0,14% del PBI.