El Concejo Deliberante de Catriló deberá decidir en los próximos días sobre la conformación de una Comisión Investigadora contra la intendenta Graciela López y parte de su equipo de gobierno, a raíz de un conjunto de “irregularidades verificadas en el desenvolvimiento administrativo y financiero” que —según los bloques opositores del PRO y del FreJuä— vulneran los principios de legalidad y transparencia.

La propuesta se fundamenta en el Artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades (N.º 1597) y surge ante lo que los concejales calificaron como una “persistencia de conducta omisiva y opaca” del Ejecutivo local, pese a reiteradas advertencias, pedidos de informe y sanciones previas.

La Comisión Investigadora dispondría de un plazo de 60 días hábiles para examinar los hechos y elaborar un dictamen. Su tarea será de carácter administrativo, aunque deberá dar intervención a la Justicia si surgen indicios de delitos.

Contrataciones con irregularidades y vínculos familiares

El proyecto de resolución enumera una serie de presuntas anomalías. Entre las más graves, figura la contratación directa de un proveedor sin habilitación comercial, Sebastián Paiva, quien además sería empleado jornalizado del municipio y hermano del Director de Ambiente Municipal.

Las órdenes de provisión —según los concejales— fueron autorizadas por su propio hermano y refrendadas por las secretarías de Hacienda, Gobierno y la intendenta, aun cuando la asesoría legal municipal había advertido sobre las irregularidades.

También se habrían efectuado pagos que exceden los topes legales para contrataciones directas y un presunto “fraccionamiento artificial” de una misma obra (como el Propays o el Acueducto Norte) en varias facturas de menor monto, con el fin de evitar los mecanismos de licitación pública.

Rendiciones rechazadas y uso indebido de fondos

Otro de los ejes señalados por la oposición es el reiterado incumplimiento de la Ley de Contabilidad, con rendiciones mensuales observadas por desviar fondos de destino específico y por la falta de comprobantes respaldatorios.

Los ediles también denunciaron contrataciones justificadas en supuestas “urgencias” para garantizar el suministro de agua potable, aunque un año después el sistema aún no estaría operativo.

A su vez, cuestionaron la falta de claridad en la administración de programas importantes, como el Programa de Mejoramiento del Parque Automotor, que implicó más de $154 millones. De acuerdo con el Concejo, no se presentaron las autorizaciones de compra ni se informó el destino final del dinero.

Ingresos de personal y deficiencias de control institucional

El pedido incluye además observaciones sobre incorporaciones de personal sin responder los pedidos de informe respecto de nóminas, funciones y modalidades de contratación. También se detectaron demoras y fraccionamientos en el pago de salarios al personal municipal, lo que —según los concejales— contradice el discurso de austeridad del Ejecutivo.

Otro punto cuestionado es el manejo de los fondos del Plan Mi Casa: el municipio habría recaudado las cuotas de viviendas sociales pero no las depositó en la cuenta correspondiente hasta que el Concejo lo solicitó de manera formal.

Finalmente, se señaló una factura por servicios “indeterminados”, emitida por un proveedor que no habría realizado los trabajos, lo que generó una explicación “confusa y contradictoria” por parte de las áreas involucradas.

El Concejo Deliberante concluyó que este “deterioro sostenido del orden institucional” justifica la apertura de una Comisión Investigadora, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas, políticas y/o funcionales que correspondan.