La audiencia fue presidida por el juez de control Heber Pregno, con la presencia del fiscal adjunto Matías Juan, quien tuvo a cargo la exposición de los hechos, y del defensor oficial Gastón Gómez, en representación del imputado. También intervino el fiscal general Armando Agüero.
Miguel fue extraditado desde la ciudad de Olavarría por una comisión de la Brigada de Investigaciones, tras haberse dictado el pasado 16 de octubre una orden de captura nacional en su contra. Desde ese momento permanece detenido.
El mismo modus operandi
Durante su intervención, el fiscal Matías Juan detalló minuciosamente los tres hechos por los que se formalizó la investigación. Todos comparten un patrón común: el imputado simulaba operaciones de compraventa de vehículos, usando identidades falsas y creando escenarios de confianza para sustraer bienes, dinero y documentación a sus víctimas, sin cumplir con ninguna entrega.
El primer hecho ocurrió entre el 18 y el 23 de junio de 2025. Miguel, haciéndose pasar en redes por "Franco Barra" y luego por "Franco Miguel", ofrecía a la venta dos camionetas: una Toyota Hilux Highline 2014 y una Volkswagen Amarok 2018. Al concretar el contacto con la víctima, Marcelo Dávila, acordaron una operación por una de las camionetas. Dávila entregó su Ford Ranger 2014 (dominio BOA 882), cuatro inyectores y tres cheques que sumaban $4.875.000 (emitidos por Juan Pablo Capellán). El vehículo fue retirado de un taller de General Pico con autorización del damnificado, pero nunca recibió las camionetas y el imputado desapareció.
En el segundo caso, el damnificado fue Armando Lázaro Franco, de Bernardo Larroudé. Miguel —bajo el nombre falso de "Franco"— le ofreció un Chevrolet Corsa a cambio de un Renault 12 modelo 1981, una moto Motomel 2022 y $150.000 transferidos a una cuenta a nombre de Lucía Marinkovic, pareja del imputado. El vehículo tampoco fue entregado.
El tercer hecho afectó al electromecánico César Javier Guzmán, de General Pico. Miguel le ofreció una Toyota Hilux SRV 3.0 por la suma total de $13.000.000, a pagar con un adelanto y 43 cuotas de $300.000. Guzmán transfirió $2.050.000, entregó 70 baterías usadas valuadas en $3.500.000 y el 4 de julio abonó otros $50.000 a la misma cuenta de Marinkovic. La camioneta nunca fue entregada ni las baterías devueltas.

La acusación: estafas seriales con modalidad repetida
El fiscal Juan argumentó que todos los hechos presentan una modalidad común y planificada, donde el imputado ofrecía vehículos usados de alta gama a precios tentadores, otorgando facilidades de pago y generando documentación que le daba aparente seriedad a las operaciones. Se valía de perfiles falsos en redes sociales, cambios frecuentes de línea telefónica, y cuentas bancarias a nombre de terceros para dificultar su identificación y posterior localización.
"No tenemos dudas de que se trató de un accionar sistemático y reiterado. Las víctimas entregaron rodados, dinero y hasta cheques, y en ningún caso recibieron lo acordado", señaló el fiscal Juan.
Asimismo, la Fiscalía ya recabó testimonios, documentación bancaria, y realizó cruces de llamadas y datos de geolocalización que vinculan al imputado con los hechos.
También se solicitó la realización de ruedas de reconocimiento para que las tres víctimas puedan confirmar si Miguel fue efectivamente quien realizó las operaciones.

Pedido de prisión preventiva
El fiscal Matías Juan solicitó al juez la imposición de la medida de coerción más gravosa: prisión preventiva por 90 días, argumentando riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento del proceso.

Posible acuerdo
Durante la audiencia, el defensor oficial sorprendió por su tono conciliador. Reconoció la solidez de la acusación fiscal y no se opuso ni a la formalización ni a la prisión preventiva, pero ofreció una compensación a las víctimas para llegar a un acuerdo.
"El fiscal ha sido muy claro. Entendemos que hay una maniobra básica, cruzada, que eventualmente deja expuesto al imputado. No vamos a formular observaciones respecto a la evidencia ni nos opondremos a la detención preventiva", expresó Gómez, que agregó que ya iniciaron conversaciones con la Fiscalía para explorar vías de compensación, mencionando incluso la posible entrega de una Ford Ranger y dinero como forma de reparación.
"Existe la posibilidad real de ofrecer un bien de mayor valor o una compensación económica. Estamos dispuestos a colaborar con una solución que acerque a las víctimas a una reparación real", dijo.
El juez Pregno tomó nota de esa propuesta y señaló que "estamos ante un delito de tipo económico, y el propio Código Procesal habilita mecanismos para resolver este tipo de causas sin necesidad de llegar a juicio, si las víctimas son compensadas y hay voluntad de las partes".
Mientras tanto, Miguel permanecerá detenido hasta el 21 de enero de 2026, plazo durante el cual continuará la investigación y se definirán los pasos procesales siguientes.