El Gobierno de La Pampa presentó este martes una cautelar urgente ante la Corte Suprema de la Nación ante la imposibilidad de financiar el déficit del sistema previsional provincial, generado por la suspensión total de los aportes que corresponde realizar al Estado Nacional desde el 10 de diciembre de 2023, según lo establece el Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260.

Se trata de una situación inédita, ya que ningún gobierno anterior había incumplido de forma tan directa las obligaciones previsionales. Desde la asunción del presidente Milei, el Instituto de Seguridad Social (ISS) ha debido ser financiado por el presupuesto provincial y, en menor medida, por los municipios pampeanos. Solo durante 2025, la provincia destinará 145 mil millones de pesos para cubrir este déficit, de los cuales el 11% corresponde a aportes municipales.

En paralelo, el Ejecutivo provincial envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados con el objetivo de asegurar el pago de salarios, jubilaciones, aguinaldos y la prestación de servicios públicos básicos —salud, educación y asistencia alimentaria— frente al impacto del incumplimiento nacional.

El proyecto propone otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de reestructurar partidas presupuestarias exclusivamente para estos fines, como medida excepcional y hasta el 31 de diciembre.

El déficit del ISS se debe a que el Gobierno Nacional nunca realizó adelantos mensuales ni cubrió el déficit anual, como exige la normativa vigente. Además, eliminó artículos del Presupuesto 2023 que ratificaban estas obligaciones.

La provincia ha debido suplir estos incumplimientos con recursos propios y aportes municipales, mientras enfrenta la recesión económica nacional, que reduce los ingresos provinciales, y el incumplimiento de acuerdos contractuales en obra pública.

A pesar de estas dificultades, el gobierno pampeano asegura que ningún servicio público se ha resentido, aunque estima que los ingresos reales a fin de año serán 12% menores a los proyectados, con un total de 1,74 billones de pesos frente a los 1,99 billones previstos.

El gobierno solicita a la Corte Suprema que ordene al Estado Nacional cumplir de manera inmediata con sus obligaciones previsionales. Además, propone al Poder Legislativo herramientas transitorias para garantizar erogaciones vinculadas a salud, educación, alimentos, salarios y jubilaciones.

El Ejecutivo advierte que la continuidad del incumplimiento nacional tendrá impacto directo en la distribución de recursos del proyecto de presupuesto 2026, que será presentado próximamente a la legislatura provincial.